martes, 9 de junio de 2009


El alcalde de Estepona será el portavoz socialista en la Mancomunidad


El alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), será el portavoz socialista en la Mancomunidad de Municipios de la costa del Sol en sustitución al alcalde de Mijas y vicepresidente primero del organismo, Antonio Sánchez (PSOE).
Valadez continuará al frente de la Delegación de Parque Móvil y asumirá Playas, que se desgaja de Turismo "para intentar lograr la máxima eficacia posible en la gestión", ha informado hoy en un comunicado el grupo socialista.
Por su parte, Antonio Sánchez mantendrá la vicepresidencia primera, que compaginará con la gestión de Medio Ambiente y Residuos Sólidos Urbanos.
Sánchez asume a partir de esta remodelación la Delegación de Turismo, que hasta la moción de censura en Benalmádena ocupaba Javier Carnero.
Por su parte, el edil de Estepona continuará al frente de la Delegación de Desarrollo e Infraestructuras, como hasta la fecha, añade la nota.
Condenan a Crespo y dos ex ediles del GIL a la devolución de más de 112.000
El Tribunal de Cuentas ha condenado al concejal del Partido Estepona y ex edil del GIL, José Ignacio Crespo, y a dos ex ediles más de este partido, Antolín González Quintana y Víctor Sánchez Pinacho, a devolver un total de 112.689,77 euros por un delito de alcance contable.
El tribunal cifra el alcance causado en los fondos de la empresa Obras Estepona XXI, creada bajo el gobierno del GIL entre 1995 y 1999, en 521.501,63 euros, según ha informado en un comunicado el grupo político Convocatoria, que ejerció la acción pública.
La sentencia ha estimado el recurso formulado por el Ministerio Fiscal, que se adhirió a las pretensiones de la acción pública, y ha declarado que ha existido daño en los fondos municipales por pagos indebidos, "como los realizados a Agrojardín y a ciertas agencias de viajes", o injustificados "como los realizados al abogado, Juan Carlos Rivera, o al contable de Soporte Financiero".
Además, el tribunal los ha condenado como responsables subsidiarios de 85.570,47 euros, en caso de que los herederos de Antonio Pérez Quero se declaren insolventes.

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